CESPAk onartu egin ditu Udalak proposatutako neurri zuzentzaileak / CESPA asume las medidas correctoras propuestas por el Ayuntamiento

Ejercer un control riguroso del vertedero de Las Lagunas ha sido uno de los objetivos principales del equipo de gobierno desde su llegada al Ayuntamiento. En este sentido, han sido muchas las gestiones llevadas a cabo desde el principio de la legislatura para tratar de realizar un seguimiento exhaustivo de la planta de CESPA, determinando sus repercusiones medioambientales y sus consecuencias para la salud de las personas. 

Durante todo este tiempo se ha realizado también un estricto control y estudio de toda la normativa medioambiental que afecta al vertedero y se han mantenido reuniones tanto con la propia empresa como con el Consorcio de Aguas y el Gobierno Vasco. “A estas instituciones el Ayuntamiento pidió su ayuda y colaboración para verificar y reforzar las medidas de protección del medio ambiente y de  la salud de los vecinos y vecinas de Zalla que nos encontramos al llegar al gobierno municipal, y que considerábamos a todas luces insuficientes. Lamentablemente, ninguna de ellas hizo nada. Al contrario, estas instituciones validaron todos los procesos anteriores dando su conformidad a que todo siguiera igual", afirma el alcalde, Javi Portillo. 

“Como se recordará, uno de los hitos más importantes de este seguimiento se produjo cuando Lakua declaró la efectividad de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) el 6 de marzo de 2014. Dicha declaración obligaba al Ayuntamiento a actualizar la licencia de actividad municipal a CESPA -otorgada en 1999- y fue entonces cuando tuvimos oportunidad y obligación de exigir a la empresa ciertas condiciones que creíamos fundamentales, además de las que determina la propia AAI”, explica el primer edil. 

Con ese objetivo, el pasado mes de junio se llevaba a pleno una moción en la que se solicitaba el apoyo de los diferentes grupos municipales a la pretensión del equipo de gobierno de actualizar la licencia de actividad incluyendo medidas correctoras adicionales. La propuesta salió adelante con los votos a favor de Zalla Bai y Bildu y la abstención de EAJ-PNV y PSE. 

Acto seguido, el Ayuntamiento encargó un informe técnico en el que se establecían una serie de medidas correctoras que venían a completar las de la AAI. Una de ellas estaba relacionada con un mayor control a la actividad del vertedero, tanto en lo que se refiere a la inclusión de más análisis como al establecimiento de límites de emisión y de vertido al colector, con el fin de asegurar que la afección al medio ambiente fuera la mínima posible. La segunda medida tenía que ver con la construcción de una depuradora que eliminara los sulfuros y los amonios que se vertían al colector municipal. La tercera acción estaba relacionada con la identificación y la eliminación de las filtraciones de lixiviados al regato de La Jarilla. 

Estas medidas adicionales se recogieron en la actualización de la licencia de actividad de CESPA, que se llevó a efecto mediante un decreto emitido en septiembre de 2014. Con esta resolución, el Ayuntamiento pretendía controlar el impacto medioambiental de la instalación y dotarse de una herramienta legal para imponer sanciones en el caso de que se produjeran incumplimientos. “En el decreto de actualización de la licencia de actividad, no solamente se enunciaban estas medidas sino que, además, se detallaban técnicamente y se establecían los plazos adecuados para llevarlas a cabo”, recuerda el alcalde. 

Inicialmente, todas estas decisiones fueron recurridas judicialmente por la empresa teniendo el Ayuntamiento que defender en solitario ante los Juzgados la actuación que había emprendido en defensa de los intereses municipales. Hasta ese momento nunca se había judicializado ninguna de las autorizaciones ambientales que otras instituciones habían exigido a la actividad.

Ahora, cuando se cumplen 6 meses de la publicación del referido decreto y gracias a las numerosas gestiones realizadas, se ha producido un importante avance, ya que la empresa que gestiona el vertedero ha accedido a cumplir esas medidas correctoras adicionales que en su día le pidió el Ayuntamiento, respetando el ejercicio de las competencias para las que fue elegido democráticamente. “Además, se han comprometido a realizar esas acciones en los plazos que marcábamos, salvo la relacionada con la identificación y eliminación de filtraciones de lixiviados al regato, para la que se amplía el plazo”, afirma el primer edil. En cualquier caso, el Ayuntamiento no renuncia a resolver cuanto antes ese problema. De hecho, anuncia la creación de una Comisión Mixta, formada por representantes municipales y de CESPA, que se reunirá por primera vez a lo largo de este mes de marzo y que servirá para realizar un diagnóstico común y buscar las soluciones oportunas.

Nueva depuradora

En marzo se dará también otro paso importante, ya que CESPA se ha comprometido a presentar, antes del día 25 de marzo, el proyecto de la nueva depuradora, que supondrá una inversión aproximada de 1’6 millones de euros. Gracias a esta infraestructura, se podrán tratar los lixiviados antes de verterlos al colector general, eliminando sustancias como sulfuros o amonios. “Una vez que el Ayuntamiento compruebe que ese proyecto cumple con los requisitos necesarios, se le podrá conceder la licencia municipal de obra. A partir de entonces, se abre un plazo de dos meses para el inicio de la construcción”, avanza Portillo. “Es importante subrayar que lo que el Consorcio de Aguas no le ha exigido a CESPA, se lo ha reclamado el Consistorio de Zalla. En 2011 el Consorcio notificó a CESPA que la construcción de la depuradora era requisito necesario para renovar el permiso de vertido pero, finalmente, en 2013 le renovó el permiso sin haberse construido la instalación”, matiza. 

El compromiso de cumplir esas tres medidas adicionales, además de las que determina la propia AAI, no es el único avance que se ha producido en las últimas semanas. También , gracias a los acuerdos de respeto mutuo entre ambas partes, se ha logrado que CESPA comience a abonar un canon adicional en concepto de uso de viales. “Es una tasa que hasta ahora no se le había exigido a la empresa y que supone el pago de 0’55 € por tonelada vertida. Esto viene a significar que el Ayuntamiento ingresará anualmente por este concepto una media de 100.000 €”, explica el alcalde.

Relacionado con el uso de viales, hay que indicar que el camino que recorren los camiones que acceden al vertedero tiene una longitud superior a los 6 km y está dividido en varios tramos. “El tramo central fue construido por la propia empresa para empezar a explotar el vertedero, siendo ellos quienes negociaron y compraron las parcelas a los vecinos. La correcta gestión de los suelos habría sido la expropiación de los mismos por parte del Ayuntamiento, por tratarse de un 'sistema general'. El incorrecto procedimiento seguido provoca que CESPA pueda cobrar 1,5 millones de euros al Ayuntamiento cuando cese la explotación y el vial retorne al dominio público. Y éste es precisamente otro de los pasos importantes que hemos dado. Gracias a la colaboración de la empresa y del Consistorio, se ha logrado que CESPA se comprometa a devolver esos terrenos, a coste cero, el día en que deje de explotar el vertedero”, avanza Portillo.

El acuerdo también tiene en cuenta a las empresas de Zalla que necesiten depositar residuos inertes en el vertedero y, en ese sentido, se ha logrado un 40% de descuento en las tarifas para las empresas locales.

El Consistorio permitirá el libre uso del tramo de carretera municipal, que los camiones ya vienen usando desde hace años, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa: construcción de una depuradora, creación de una comisión mixta para solucionar el problema de las filtraciones al arroyo, inclusión de todos los parámetros de la AAI en los análisis de control, establecimiento de límites de emisión para aquellos parámetros que no los tienen, que se respeten los límites de vertido a colector, descuentos para las empresas locales, pago de un canon por uso de viales públicos que Cespa no pagaba hasta ahora y entrega del vial de titularidad privada a manos públicas, a coste cero, una vez finalice la explotación de la planta. 

4 millones de toneladas de residuos 

Con este acuerdo se pretende minimizar en la medida de lo posible el pasivo medioambiental que suponen los más de 4 millones de toneladas de residuos acumulados en nuestro monte público. “Hemos partido de un vertedero que está lleno de residuos en un porcentaje muy elevado -ya están cubiertas 8 de las 11 celdas de la planta-. Cuando cese su actividad, esos más de 4 millones de toneladas van a seguir generando lixiviados. Por tanto, lo que hay que trabajar es en la búsqueda de la solución más razonable para gestionar esos residuos mientras dure la actividad, pero también una vez que finalice, evitando que causen daños al medio ambiente y a la salud de los y las habitantes de Zalla”, subraya el primer edil. “Si se optara por el cierre de la planta, seguiríamos teniendo en el municipio un pasivo medioambiental muy importante sin el necesario control. No en vano, esos residuos acumulados continuarían lixiviando tanto al colector como al regato. Por ello, entendemos que la salida más apropiada es la correcta gestión de la planta, realizando controles exhaustivos y aplicando los tratamientos adecuados a los residuos, así como obteniendo recursos económicos para garantizar el buen mantenimiento de los viales públicos”, concluye.